ThePoliticalHub

El derecho a la ciudad (Lefebvre, 1968) bien podría caracterizar el espíritu de numerosas iniciativas sociales y comunitarias que han emergido en las últimas décadas. Desde la formulación clásica de Lefebvre en los albores de París en 1968, en un contexto de rápida transformación urbana funcionalista en línea con la estricta dirección del Estado y el capital, se ha teorizado extensamente sobre la expansión urbana y sus implicaciones políticas, es decir, sobre cómo se construye la ciudad y bajo qué intereses. De igual manera, Harvey ha enfatizado la necesidad de ir más allá del acceso a los recursos urbanos y transformar la ciudad a través del poder colectivo y sus principios (Harvey, 2012). Esto significa buscar alternativas a la expansión del capitalismo global y al paradigma de los espacios urbanos como bienes de consumo y meras soluciones para los excedentes de un capital capaz de adaptar la dirección de la ciudad en función de un número reducido de actores.

En 2025, Barcelona se convertía en la ciudad más masificada del mundo (Ortega, 2025), sumándose a la apabullante cuantía de evidencia sobre la masificación turística y sus implicaciones por parte de centros de investigación, instituciones políticas y medios de comunicación¹. 1 Un hecho que, más allá de sorprendernos, constata la fuerza oceánica de la industria de un turismo de masas que halla su costa en las bellas externalidades positivas de la ciudad condal. Encontramos, pues, un contexto de turistificación y gentrificación en el que los espacios de gestión comunitaria, de manera anacrónica, o más bien vintage, se erigen como halos de esperanza, como respuestas al ostracismo de unas decisiones con magnas implicaciones colectivas que requieren ser democratizadas².

Observamos un espacio público que se ha tornado radicalmente complejo, en términos de diversidad de personas, pero principalmente por la intensidad del uso de los espacios más atractivos de la ciudad, bajo una lógica de tematización del espacio y comercialización de la cultura, de acuerdo con las dinámicas de Disneyficación que Zukin apuntaba sagazmente (Zukin, 1991). Un espacio urbano cada vez más segregado en términos socioeconómicos y que debilita la cohesión social y la vida pública, generando mayores cotas de polarización en términos de clase. Un contexto, pues, en el que hacer vida en comunidad se torna en un desafío y una oportunidad.

De este modo, ante las dinámicas depredadoras del capital urbano y el cada vez mayor debilitamiento de la vida social y pública en la ciudad, adoptan una relevancia fundamental aquellos proyectos de innovación social que buscan fortalecer el tejido asociativo de los barrios mediante espacios de gestión comunitaria, sin olvidar a las cooperativas o las políticas públicas que fomentan la participación ciudadana. Tales espacios logran situarse más allá de la clásica dicotomía entre lo público y lo privado mediante una organización asociativa, vecinal, que busca ofrecer, habitualmente, actividades de carácter cultural. En este sentido, proyectos tales como el Ateneu 9Barris o la Casa Orlandai han conseguido erigirse cómo éxitos de la innovación social urbana barcelonesa revitalizando la vida social de sus entornos urbanos a través de la autogestión y la oferta de un conjunto de actividad sociales y culturales que mantienen al igual que se nutren del capital social de los barrios.

En las últimas décadas, estos espacios han atraído una atención significativa del ámbito académico debido a su potencial y diversidad de expresiones. En este sentido, destacan los espacios de gestión comunitaria o equipamientos de gestión cívica en Barcelona, ​​enmarcados en las dinámicas de movilización y autoorganización que tradicionalmente han caracterizado a la ciudad. Estas iniciativas, cuyos orígenes suelen encontrarse en los movimientos vecinales de la segunda mitad del siglo XX, aunque en las últimas décadas los nuevos movimientos sociales urbanos han tenido más preponderancia, constituyen espacios de democratización dentro de las ciudades. Tales equipamientos buscan responder a necesidades estrictamente locales mediante la autogestión³.

En este sentido, podemos observar la relación entre estas iniciativas y un nuevo paradigma en la administración pública, más orientado hacia un modelo relacional, alejándose de los preceptos gerenciales y tecnocráticos tradicionalmente presentes en el sector público. Pruebas de estas nuevas dinámicas se encuentran en el marco normativo pionero de Barcelona a través de la regulación de la participación ciudadana de 2002, la conceptualización de la “Gestión Cívica” de 2013 y el programa Patrimoni Ciutadà de 2024. Por lo tanto, podemos observar una nueva conceptualización de la relación entre el sector público y la sociedad civil, considerando un enfoque de red hacia las entidades y asociaciones con el objetivo de tener un impacto sustantivo en el territorio de acuerdo con las entidades presentes; sin embargo, constituye un vínculo volátil fuertemente relacionado con la política institucional de carácter local y sus fluctuantes intereses en atender al tejido asociativo.

Estas aproximaciones se han definido a través del relevante trabajo teórico de Ostrom y su reconocida reconceptualización de la gestión de los denominados bienes comunes, definiendo su viabilidad más allá de la dicotomía mercado-Estado y respondiendo al reconocido trabajo de Hardin⁴ y al paradigma, o más bien un cliché bien asentado, del Homo economicus cuando existen recursos o bienes comunes (Ostrom, 1990). A partir de este marco teórico, algunos autores han adaptado el concepto en términos de bienes comunes urbanos, es decir, instituciones configuradas por la existencia de un recurso y una comunidad comprometida con su gestión en la ciudad.

A pesar del éxito de estos espacios, se plantean igualmente críticas poderosas. ¿A quién representan estos espacios? ¿Son verdaderamente frecuentados por los vecinos a los que trata alcanzar? ¿Por qué surgen en unos barrios y en otros no? ¿Estas iniciativas responden mejor a las necesidades sociales que las instituciones públicas o el propio mercado? Es evidente que las reticencias a los proyectos de corte comunitario en la atomización social al que nos tienen habituados las grandes urbes son magnas. Sin embargo, cabe recordar que son las iniciativas comunitarias, tradicionalmente vecinales, las que, en gran parte, han dado forma a las ciudades contemporáneas, incluso creando los atractivos que hoy extrae a diario el sector turístico. Desde las fiestas del barrio de Gràcia a los mercados populares, pasando por los espacios culturales, deportivos o sociales que reclamaron para sí los movimientos vecinales durante el posfranquismo para el bienestar comunitario.

Cabe destacar, entonces, que las iniciativas de innovación social responden a las crisis políticas y económicas existentes, sirviéndose de la autoorganización para satisfacer necesidades genuinamente sociales, unas necesidades y demandas que deben afrontar la deriva de las urbes occidentales contemporáneas en las que se agota la vida vecinal y comunitaria que había caracterizado a los barrios al final del siglo anterior. En un contexto de atomización social y en el que las grandes ciudades se nos muestran como grandes productos cuyos beneficios hay quienes los explotan y aquellos que los consumen, la innovación social que nace del tejido asociativo de las ciudades se convierte en algo esencial. Es así como los casales de barrios, las plazas públicas, los centros cívicos junto a sus torneos deportivos juveniles, las sesiones de cine gratuito, las fiestas populares y un largo etcétera se alzan como espacios de resistencia, espacios de esperanza.

1. Para estudios sobre la segregación urbana y educativa, es necesario conocer el trabajo incansable del Institut Metròpoli. ↩︎
2. Desde los movimientos Occupy Wall Street hasta el 15M en España, han existido múltiples expresiones de rechazo a las instituciones financieras globales y a las dinámicas de cartelización política, que van más allá de la dicotomía público-privada y buscan una profunda democratización de las decisiones con efectos colectivos (Innerarity, 2015). ↩︎
3. Las fórmulas son diversas. A menudo nos encontramos con espacios de gestión cívica, es decir, equipamientos de titularidad pública y gestionados por entidades vecinales y culturales, o espacios ocupados que buscan ser parte de la infraestructura del ayuntamiento para entrar en el ordenamiento de espacios de “gestión cívica”. Incluso equipamientos privados cedidos para una gestión puramente comunitaria. ↩︎
4. Véase la tragedia de los comunes. ↩︎

Referencias

Harvey, D. (2012). Rebel cities: From the right to the city to the urban revolution. Verso Books.
Innerarity, D. (2015). La política en tiempos de indignación. Galaxia Gutenberg.
Lefebvre, H. (1968). Le droit à la ville. Anthropos.
Ortega, D. (2025). Barcelona, la ciudad más masificada del mundo: Más de 200
000 turistas por kilómetro cuadrado. laSexta.
https://www.lasexta.com/noticias/economia/barcelona-ciudad-mas-masificada-mundo-mas-200000-turistas-kilometro cuadrado_202507036866939529f2a108e97d3cde.html
Ostrom, E. (1990). Governing the commons: The evolution of institutions for collective
action. Cambridge University Press.
Zukin, S. (1991). Landscapes of power: From Detroit to Disney World. University of
California Press.